Las directrices de la Unión Europea contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo se han ampliado a las criptoempresas europeas por decisión del organismo de supervisión bancaria de la región.
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) dijo el 16 de enero que las directrices modificadas tienen como objetivo ayudar a los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) a identificar su riesgo de exposición a los delitos financieros debido a sus «clientes, productos, canales de entrega y ubicaciones geográficas».
Las directrices también describen cómo las empresas de criptomonedas deben ajustar sus medidas de lucha contra la delincuencia financiera, que podrían incluir «el uso de herramientas de análisis de blockchain», añadió el organismo de control. Las directrices se empezaron a aplicar a partir del 30 de diciembre de 2023.
La EBA afirmó que las últimas modificaciones son «un importante paso adelante en la lucha de la UE contra la delincuencia financiera» y «armoniza el enfoque» para que las criptoempresas de toda la Unión mitiguen el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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