Desde el 1° de mayo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha recibido una cifra récord de más de un millón 471 mil declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en la modalidad de modificación, correspondientes al ejercicio 2021, lo que significa un nivel de cumplimiento del 95.2%.
La Secretaría expuso que la cifra de declaraciones recibidas en 2021 representa un aumento de más del 9% con relación a la alcanzada en el ejercicio 2020, cuando se admitieron un millón 308 mil 017 declaraciones patrimoniales y de intereses.
Reveló que en el 2020 la SFP y 164 entidades de la APF cumplieron al 100%, y 87% lograron que 9 de cada 10 de sus funcionarios presentaran su declaración a tiempo a través de la plataforma DeclaraNet, en 2021 estos números se superaron, ya que 227 de 292 instituciones registradas en el sistema alcanzaron el 100%.
La SFP informó que realizó una campaña de difusión y asesoría a través de diversos medios institucionales, y contó con el apoyo de los Órganos Internos de Control (OIC) en las dependencias y entidades y de las Unidades de Responsabilidades (UR) de las empresas productivas del Estado.
Manifestó que el logro se debe a que se realizaron talleres virtuales a través de su canal de YouTube, que alcanzaron más de 232 mil 683 visitas; además, se contestaron 129 mil 498 correos electrónicos con solicitudes de apoyo sobre el sistema Declaranet, se dieron 43 mil 459 asesorías telefónicas y 9 mil 081 personas fueron atendidas personalmente en la sede de la dependencia.
En el ejercicio 2021, por segunda vez la totalidad de las y los servidores públicos federales, incluyendo maestros, enfermeros y médicos y personal operativo, debieron cumplir con esta obligación constitucional.
Señaló que debido a las condiciones sanitarias originadas por la pandemia de Covid-19, la SFP amplió el plazo de presentación, que concluía en mayo: para el personal de nivel de Jefatura de Departamento y superior el periodo se amplió hasta el 31 de julio, mientras que, para los trabajadores sindicalizados, de base y operativos fue hasta el 30 de septiembre de este año.
La obligación constitucional de presentar la declaración patrimonial y de intereses, dijo la SFP, es una herramienta de rendición de cuentas y de prevención de la corrupción, para contribuir a que la administración pública funcione con probidad y eficacia.
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