La iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 7 de octubre y publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados pretende que el trabajador ejerza con mayor autonomía el derecho a ejercer su crédito con base en el ahorro de su subcuenta de vivienda, sin intermediarios. Sin embargo, también aumenta los riesgos.
Es decir, la iniciativa “queda corta en cuanto a disponer de una forma más eficiente el saldo de su subcuenta al no incluir la portabilidad ni un mecanismo más expedito para acceder a sus recursos cuando ya cuenta con una solución habitacional de calidad”, como lo destacan los analistas de BBVA.
De acuerdo con los especialistas de la institución bancaria, “se debería permitir el uso de los recursos de la subcuenta para liquidar o amortizar parcialmente un crédito con la banca comercial”.
Falta un sistema de evaluación de riesgos
Si bien consideran positivo “que se amplíe la gama de productos de crédito por parte de los institutos de vivienda para satisfacer un mayor número de soluciones habitacionales”; es necesario implementar un sistema de evaluación de riesgos efectivo y confiable, “de tal manera que se garantice efectivamente el empleo del ahorro en la subcuenta en el inicio de los proyectos de edificación, evitando un sobre inventario de suelo que permanezca en desuso”.
También es necesario implementar estrategias para que la construcción edificada por el crédito para vivienda “cumpla necesariamente con los requisitos para ser una vivienda digna”. Sobre todo cuando “ya se usó el crédito para la adquisición y no queda saldo para la nueva construcción”.
Además, los analistas consideran “que los créditos para suelo deberían otorgarse únicamente para tierra regularizada y el Instituto debería de quedar con la garantía del terreno”.
Por otra parte, “la coparticipación con intermediarios limita la posibilidad de que los derechohabientes de menores ingresos tengan acceso a más de un crédito, pues estos no son sujetos de crédito directamente”.
Así el Infonavit financiaría el segundo crédito para los trabajadores que así lo soliciten. Sin embargo, los especialistas consideran “que este argumento es erróneo, toda vez que la figura de cofinanciamiento, que actualmente representa poco menos del 10% por la crisis de la pandemia, llegó a representar alrededor del 20% en los años del auge inmobiliario”.
Esta cuota por parte del sector privado ha permitido que un gran número de trabajadores accedan a una vivienda de mayor valor y con mejores atributos. Por lo que “en todo caso, se debería dejar la opción abierta y dejar la decisión al trabajador”.
