La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reafirmado su compromiso con los derechos de las infancias al invalidar una disposición del Código Civil de Yucatán que limitaba el uso de apellidos compuestos. Este avance fue impulsado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien defendió con firmeza el derecho de niñas y niños a portar una identidad completa y libre de restricciones arbitrarias.
En su intervención, Yasmín Esquivel Mossa explicó que impedir el uso de más de un apellido por progenitor carece de justificación jurídica y vulnera el principio de igualdad. Esta decisión se enmarca en una interpretación progresiva del derecho a la identidad, donde el Estado tiene la obligación de garantizar el pleno desarrollo personal y social de los menores.
¿Qué es el derecho a la identidad?
El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental que engloba el nombre, los apellidos, la nacionalidad, el género y el entorno familiar de cada persona. Para niñas y niños, este derecho es aún más relevante, pues constituye la base de su integración social y legal desde los primeros días de vida.
Yasmín Esquivel Mossa destacó que los datos asentados en un acta de nacimiento —como nombre, género, CURP y nacionalidad— ya otorgan certeza jurídica, por lo que negar apellidos compuestos no fortalece el registro civil, sino que limita la libertad de las familias.
La SCJN como garante de los derechos fundamentales
Con este fallo, la SCJN reitera su papel como guardián de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Según la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la resolución es coherente con la Convención sobre los Derechos del Niño, que protege el derecho a preservar la identidad sin injerencias ilegítimas.
Al eliminar esta prohibición, se fortalece el principio de no discriminación, ya que se permite a todas las niñas y niños acceder a un mismo nivel de reconocimiento legal, independientemente de la estructura familiar de origen.
Esta resolución representa un paso clave hacia un país más inclusivo, donde el respeto a los derechos de las infancias se coloca en el centro de la agenda judicial.
