El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el Decreto 65-777, que presentó Yasmín Esquivel Mossa.
Dicho proyecto, según expuso la ministra, declara infundada la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley de Entrega-Recepción de Tamaulipas, relativas a los Comités de Enlace en los cambios de gobierno.
En ese sentido, se explicó que el Congreso de dicho Estado reformó diversos artículos de la Ley para la Entrega-Recepción de los Recursos Asignados a los Poderes y Ayuntamientos de la entidad.
Yasmín Esquivel Mossa explicó que las personas que asumirán nuevos cargos de gobierno deben designar un Comité de Enlace, cuyas reformas regulan, entre otros aspectos, su creación, integración y funciones.
Además, puntualiza que debe ser hasta con 60 días de anticipación al cambio, a fin de coordinarse con los funcionarios salientes, sin interferir en el funcionamiento ni en los recursos y responsabilidades que recibirán.
Por esa razón, la ministra amplió su explicación señalando que, aunque los promoventes alegaban que estos comités podían invadir funciones de los servidores públicos en funciones, esos argumentos eran infundados, toda vez que dichos Comités tienen únicamente funciones preparatorias y no pueden intervenir en el ejercicio normal de la administración saliente.
Finalmente, la ministra aclaró que dichos Comités sólo revisan documentos relacionados con el proceso de entrega-recepción.
“Estos carecen de facultades para extraer información, ni tampoco tomar posesión de bienes antes del acto formal; en tanto, sus actividades deben realizarse dentro de la jornada laboral sin afectar el trabajo del personal en funciones”, concluyó.
