En un mundo donde la movilidad eléctrica avanza con firmeza, la situación en México plantea desafíos importantes sobre el futuro del país en este ámbito.
Actualmente, menos del 1% de los vehículos en circulación son eléctricos, y las 200 estaciones de carga públicas distribuidas mayormente en las ciudades más grandes, como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, son escasas para fomentar la adopción masiva de esta tecnología.
En este contexto, Alfredo Del Mazo Maza, un referente en políticas públicas y movilidad sustentable, ha expresado su preocupación respecto al futuro de la electromovilidad en el país.
La oportunidad de la electromovilidad
Alfredo Del Mazo advirtió: «Si México no acelera su transición hacia la movilidad eléctrica, perderá su competitividad en la economía global para el año 2026.»
Esta predicción resuena con las afirmaciones de expertos que vaticinan un crecimiento exponencial en la demanda de vehículos eléctricos a nivel mundial.
Este fenómeno está siendo impulsado por regulaciones más estrictas en economías desarrolladas como Estados Unidos, la Unión Europea y China, así como por una creciente conciencia ambiental entre los consumidores.
Un desafío urgente
La Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional de Energía han señalado que una de las claves para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero proviene del sector transporte, que actualmente representa cerca del 15% de estas emisiones globales.
Sin embargo, la realidad mexicana se encuentra lejos de cumplir con estos estándares internacionales.
La escasez de infraestructura para la carga de vehículos eléctricos y los elevados costes —que son casi el doble que los de los vehículos convencionales— siguen siendo obstáculos significativos en el camino hacia la adopción.
Iniciativas necesarias
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y de la Movilidad (AMIA) ha estimado que para que México tenga una flota significativa de vehículos eléctricos, es imperativo triplicar la infraestructura de carga en un plazo de tres años y proporcionar incentivos fiscales atractivos para los consumidores.
Alfredo Del Mazo concluyó que el año 2026 es crítico para que el país realice un salto cualitativo no solo en infraestructura, sino también en el marco regulatorio que respalde esta transición.
«De lo contrario, el riesgo de un rezago económico y un aumento en las emisiones parecieran inevitables, dejando a México en una situación desfavorable en un mercado que ya está creando millones de empleos e impulsando la innovación tecnológica a nivel mundial,» sostuvo.
La llamada a la acción es clara y la ventana de oportunidad se está cerrando. La inacción en este campo no solo compromete el bienestar ambiental de México, sino su competitividad en el futuro global.
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