Tras el retiro de los cargos contra Salvador Cienfuegos Zepada, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con presuntos nexos con el narcotráfico, el gobierno mexicano recibió un paquete de evidencias recabadas por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) con las que se logró su detención en Los Ángeles, Estados Unidos.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) deberá integrar en su investigación otro tipo de pruebas contra el general ya que las recabadas por la DEA se obtuvieron de manera ilegal, por lo que difícilmente serán validadas por los jueces mexicanos.
Las principales evidencias recabadas son miles de mensajes de textos que Cienfuegos Zepeda habría intercambiado con integrantes de la delincuencia organizada. Sin embargo, el ex servidor público aseguró que “las pruebas fueron obtenidas, a la luz de nuestro Derecho, de manera ilícita”. Esto porque para haber interceptado estos mensajes tendría que haberse obtenido una autorización judicial.
DEA suplantó a las autoridades mexicanas
El exprocurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, lo explica de la siguiente manera:
Las pruebas fueron obtenidas, a la luz de nuestro Derecho, de manera ilícita, porque no se solicitó autorización judicial ni tampoco se activó el acuerdo de cooperación judicial o el de validación de pruebas.
“Esas pruebas, obtenidas de esa manera, deberán, a mi juicio, ser desechadas”, sentenció. Su argumento se basa en el hecho que ya ha sido recalcado por las autoridades mexicanas: los presuntos delitos del exsecretario habrían tenido lugar en el país.
Para el abogado constitucionalista, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) suplantó a las autoridades policiales mexicanas y al Ministerio Público, que son los únicos órganos competentes, desde el punto de vista constitucional, para investigar delitos en territorio nacional.
Morales Lechuga señaló que Cienfuegos Zepeda fue acusado por actos en el desempeño de su encargo como secretario de la Defensa Nacional (2012-2018), por lo que, dijo, deber ser juzgado por el fuero militar.
