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Decreto sobre obras públicas, viola Constitución

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Tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación, un decreto presidencial que establece un acuerdo por medio del cual las obras públicas federales son declaradas de interés público y de seguridad nacional, con ese carácter obtendrán una dispensa de trámites, permisos, licencias y autorizaciones por afirmativa ficta.

El decreto instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la -autorización provisional- (con vigencia de 12 meses) necesaria para iniciar los proyectos u obras. Dicha autorización se otorgará en un plazo de 5 días. Transcurrido dicho plazo sin que haya emitido la autorización se entenderá en sentido positivo.

Esta disposición presidencial es aplicable para obras de infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles. Prácticamente un abanico que cubre todas las obras del gobierno federal.

“Esta medida es sumamente alarmante, sobre todo, cuando de forma reciente se han dado a conocer investigaciones periodísticas que revelan la asignación discrecional de contratos a empresas fantasma y con giros no relacionados con la materia contractual. También, cuando el 80.6% de los contratos otorgados en este año 2021 han sido entregados por adjudicación directa según lo confirman los análisis de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Esta medida genera profundas dudas sobre el compromiso del actual gobierno con la transparencia y el combate a la corrupción”, según la Cámara Empresarial.

Coparmex expuso que el Decreto es violatorio de la Constitución porque atenta contra la división de poderes al pretender evadir con un acuerdo, disposiciones que soy ley aprobadas por el Congreso; Atenta contra la libre competencia y fomenta la discrecionalidad en la realización de obras públicas; Trasgrede mecanismos legales de consulta y participación ciudadana como son las consultas a pueblos indígenas y en materia ambiental.

Pero el impacto del decretazo puede ser todavía mayor y severamente perjudicial, porque tiene el potencial para dañar de forma irreparable los derechos humanos de los ciudadanos. Es materialmente imposible que dependencias públicas emitan en 5 días, dictámenes y análisis profundos que eviten impactos negativos en el desarrollo de las obras públicas. Precisamente, las disposiciones legales vigentes -que se buscan evadir con el decreto- están diseñadas para proteger derechos y asegurar el correcto desarrollo de los proyectos de infraestructura.

Con el decreto, los ciudadanos quedan en total estado de indefensión frente a la autoridad ya que verán cómo sus derechos humanos y certeza jurídica pueden ser atropellados. Por ejemplo, una obra podría ser devastadora con el medio ambiente y el derecho a la salud, sin consecuencias para las autoridades y sin garantías para que el daño sea reparado.

Desde COPARMEX, señala el comunicado, advierten la gravedad de la medida publicada, y exhortan al Poder Ejecutivo a revertir la publicación de dicho Decreto para que quede sin efectos., pues antes que cualquier obra o proyecto están los derechos humanos y la plena vigencia de nuestro Estado de Derecho.

COFECE

Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) advirtió sobre posibles riesgos en materia de competencia y libre concurrencia derivados del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional (Acuerdo) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del presente año.

Aseveró que el Acuerdo otorga trato preferencial a una amplia gama de proyectos a cargo del Gobierno Federal que, conforme al mismo, califiquen como de interés público y seguridad nacional. Lo anterior, en razón de que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal -de manera inconsistente con las leyes aplicables en diversas materias- a otorgarles una autorización provisional de 12 meses con relación a los dictámenes, permisos o licencias necesarios para su realización en un plazo máximo de 5 días hábiles, y en caso de no ser emitida, establece como consecuencia la afirmativa ficta, sin que ello en todos los casos esté plenamente justificado en consideraciones de riesgo a la seguridad nacional o el interés público. Esto podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos.

Además, cabe señalar que el hecho de que, conforme al Acuerdo, un proyecto sea declarado de interés público y seguridad nacional, no implica que las contrataciones relacionadas encuadren como una excepción a la licitación conforme a los artículos 41, fracciones II y IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 42, fracciones II y IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. En todo caso, debería privilegiarse el uso de la licitación pública a fin de que el Estado esté en posibilidad de conseguir las mejores condiciones de contratación. Las excepciones deben responder a casos específicos y delimitados, donde exista una racionalidad clara de peligro, riesgo o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable.

Por lo anterior, la COFECE reafirmó su compromiso de mantenerse vigilante ante actos públicos o privados que puedan afectar las condiciones de competencia en perjuicio del funcionamiento eficiente de los mercados y en detrimento del bienestar del consumidor.

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