Las diligencias ministeriales desplegadas en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José de Iturbide, colocaron bajo la lupa pública un volumen de 59 millones 36 mil 870 litros de hidrocarburos. Ante las versiones surgidas por la intervención de corporaciones federales y estatales, la revisión técnica del caso apunta a un esquema operativo estrictamente logístico y documentalmente respaldado por importadoras internacionales.

Esquema de custodia frente a la propiedad del producto

La planta opera bajo la figura de depósito y resguardo temporal para terceros y carece de facultades comerciales sobre los hidrocarburos. El operador del inmueble no compra ni vende combustibles, no fija precios finales al consumidor ni interviene en las rutas de distribución comercial. Su función se centra en recibir producto por ductos, trenes o autotanques, conservarlo en condiciones normadas de seguridad operativa y entregarlo únicamente a las unidades de transporte autorizadas por las compañías dueñas de la molécula, entre las que figuran firmas internacionales como ExxonMobil, Shell y Marathon Petroleum.

Distribución por tanques y balance de inventarios en el Bajío

El volumen inspeccionado se distribuye entre 10 tanques del complejo: 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de litros de gasolina premium y 18.2 millones de litros de diésel. Especialistas en materia energética, como Gonzalo Monroy y Arnoldo Cuéllar, han subrayado que esta capacidad no corresponde a esquemas de almacenamiento clandestino ni a la extracción ilegal. De acuerdo con los analistas, «el volumen localizado en los tanques no corresponde a esquemas de acopio clandestino o de huachicol», sino que representa la rotación cotidiana de inventarios de importación legal requerida para sostener el abasto regular en las estaciones de servicio del Bajío y del centro de la República.

Trazabilidad aduanal y antecedentes de abasto regional

Este complejo cuenta con antecedentes comprobados de soporte logístico, como ocurrió a principios de 2019, cuando la recepción y el desalojo de producto formal desde San José de Iturbide evitaron la paralización del suministro en Guanajuato. Aunque el operativo se originó a partir de una investigación iniciada en julio por una descarga en San Luis de la Paz, la procedencia del producto resguardado está respaldada por contratos de guarda y custodia, pedimentos aduanales, guías de embarque y facturas fiscales emitidas a nombre de las corporaciones propietarias.

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