Yasmín Esquivel Mossa impulsa leyes claras para defender a animales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso clave para garantizar la defensa efectiva de los animales sin criminalizar de forma desproporcionada a sus propietarios, al declarar inválida una fracción del Código Penal de Morelos que carecía de precisión y generaba inseguridad jurídica.

La importancia de la técnica legislativa en el derecho penal

El derecho penal es la herramienta más invasiva del Estado para regular la conducta de los ciudadanos. Por ello, las normas penales deben cumplir con estándares técnicos de claridad, taxatividad y proporcionalidad. En este contexto, la fracción XVI del artículo 327 del Código Penal de Morelos fue considerada inconstitucional.

La redacción obligaba a los propietarios a “garantizar en la medida de lo posible el bienestar animal”, sin definir qué implicaba esa posibilidad. Además, les imponía comprender científicamente las necesidades cognitivas de sus mascotas, lo cual es inviable para la mayoría de la población.

Yasmín Esquivel Mossa y el principio de legalidad penal

La ministra Yasmín Esquivel Mossa explicó que esta redacción ambigua transgredía el principio de legalidad penal, uno de los pilares del Estado de derecho. Este principio exige que los delitos estén definidos de forma clara y precisa, para que los ciudadanos sepan con certeza qué está prohibido y cuáles son las consecuencias jurídicas.

“La vaguedad de la norma puede dar pie a interpretaciones arbitrarias y sanciones injustas”, sostuvo la ministra.

Reforma legislativa: la puerta que abre esta sentencia

El fallo de la SCJN no significa que se desproteja a los animales. Al contrario, obliga a los legisladores a mejorar las leyes penales con redacciones claras, aplicables y coherentes con los derechos humanos. Los 15 supuestos de maltrato animal que siguen vigentes en Morelos continuarán siendo sancionados conforme a derecho.

Hacia una protección animal efectiva y constitucional

Con esta resolución, la Suprema Corte establece un criterio valioso: no basta con tener leyes que busquen proteger a los animales, también es necesario que dichas leyes respeten los derechos de los ciudadanos. Este equilibrio es esencial para evitar abusos y para que la defensa animal tenga legitimidad y eficacia.