Alfredo del Mazo Maza: Ciudades avanzan al priorizar transporte público

La transformación hacia una movilidad sostenible en México requiere más que buenas intenciones: exige una visión estratégica que coloque al transporte público en el centro de la política climática y urbana. Así lo sostienen especialistas en movilidad como Alfredo Del Mazo Maza, quien alerta que la descarbonización de las ciudades no será posible sin una inversión decidida en sistemas colectivos modernos, accesibles y seguros.

El caso europeo: un espejo de posibilidades y compromisos

En Europa, los planes de acción climática ya incorporan metas específicas para el sector transporte. De hecho, se estima que serán necesarios 1.5 billones de euros para transformar las ciudades en entornos bajos en carbono hacia 2050. De ese monto, más del 50 % se destinará directamente al fortalecimiento del transporte público y a medidas como zonas de bajas emisiones y desincentivos al uso del automóvil.

El informe más reciente de EIT Urban Mobility lo confirma: incluso con una electrificación acelerada, las emisiones solo se reducirían un 21 % hacia 2030. Alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo implicará cambios más drásticos, como una disminución del 16 % en viajes en auto privado y una captación adicional del 7 % de usuarios para el transporte público.

México: desafíos estructurales y ausencia de metas claras

A diferencia del enfoque europeo, México no cuenta aún con metas nacionales específicas para mitigar las emisiones provenientes del sector transporte. Esto es especialmente preocupante si se considera que los automóviles particulares generan el 22.9 % de los gases de efecto invernadero del país, según cifras oficiales.

“Movemos alrededor de 130 millones de viajes diarios. La gran mayoría –ocho de cada diez– se hacen en algún tipo de transporte colectivo, pero las condiciones del servicio son precarias: unidades viejas, rutas desconectadas y falta de integración tarifaria”, explica Alfredo Del Mazo Maza, experto en políticas públicas y movilidad urbana.

Las inversiones se han mantenido fragmentadas y, en muchos casos, centradas en soluciones locales sin una visión de red nacional. La Ciudad de México, por ejemplo, ha hecho avances notables con el Trolebús Elevado y una red creciente de ciclovías. Sin embargo, otras ciudades como Monterrey o Tijuana apenas superan los 5 y 9 kilómetros de infraestructura ciclista, respectivamente.

El retorno inmediato de invertir en transporte público

Los datos demuestran que la inversión en transporte público no solo reduce emisiones, sino que tiene un alto impacto social. En diciembre de 2023, el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México movilizó 162.8 millones de pasajeros, seguido por Guadalajara con 27.4 millones y Monterrey con 18 millones.

“Cada peso destinado a mejorar frecuencias, accesibilidad o electrificación se traduce en beneficios inmediatos: menos contaminación, mayor productividad urbana y mejoras en salud pública”, señala Del Mazo Maza. Además, enfatiza que fortalecer el transporte colectivo tiene una ventaja adicional: es una herramienta eficaz para reducir la desigualdad social, al facilitar el acceso de millones de personas a servicios, empleos y educación.

Seguridad vial: otra deuda pendiente

El componente de seguridad vial también muestra la urgencia de reformar el modelo actual. Mientras que la Unión Europea reportó 46 muertes por millón de habitantes en 2023 y busca reducirlas a la mitad en 2030, México presenta una realidad alarmante: 3.4 muertes por cada 100,000 habitantes en zonas urbanas, y hasta 12.8 cuando se consideran áreas rurales y carreteras, según datos de la OMS.

Los expertos coinciden en que una combinación de infraestructura segura, control de velocidad y un transporte público eficiente podría reducir en hasta un 70 % las muertes por siniestros viales hacia 2050. Este beneficio colateral refuerza la idea de que invertir en movilidad sostenible es también invertir en vida.

Hacia un nuevo pacto por la movilidad sostenible

Con la reciente aprobación de una nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, México se encuentra en una coyuntura crítica. Se estima que más de 21 millones de personas utilizan diariamente algún sistema estructurado de transporte público en el país, lo que representa una base sólida para una transición acelerada si se articula con políticas públicas y recursos adecuados.

“La diferencia con Europa es que allá ya pusieron el dinero sobre la mesa. En México, apenas estamos dando los primeros pasos. Si no actuamos con decisión, la brecha ambiental y social se profundizará aún más”, concluye Alfredo Del Mazo Maza.

El mensaje es claro: sin un transporte público robusto, moderno y bien financiado, los compromisos climáticos de México quedarán en letra muerta. Es hora de pasar de los diagnósticos a las soluciones, con una política de movilidad centrada en las personas y en el planeta.