En fechas recientes, la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto el agravamiento de los problemas de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones español. El Ministerio de Seguridad Social espera un déficit del 4,1% del PIB en 2020 en España.
La crisis derivada de la pandemia no ha implicado, de momento, ajustes fiscales como la crisis anterior, permitiendo un aumento espectacular del déficit público. Ello ha provocado que en este caso no se estén proponiendo reformas ambiciosas del sistema de pensiones, más bien al contrario.
En 2019, antes de la COVID-19, con un déficit del sistema de pensiones de 16.793 millones de euros (un 1,3% del PIB), nos encontrábamos que por cada persona de 65 años o más (potencialmente perceptora de una pensión) existían 3,3 personas en edad laboral (de 16 a 64 años) potencialmente cotizantes.
Por otro lado, el sistema de pensiones presenta un fuerte déficit actuarial que consiste en que cada participante recibe del sistema un volumen de pensión superior a las cotizaciones que ha hecho a lo largo de su vida.
La coyuntura demográfica pasada favoreció la generación de superávits sostenidos en el tiempo. Sin embargo estos no se provisionaron y fueron gastados en el ejercicio corriente en otras funciones, pero los derechos que se generaron ahora hay que financiarlos.
Durante este año y el próximo, el balance financiero de la Seguridad Social presentará un déficit récord causado por la COVID-19, pero no solamente por la pandemia. Sin embargo, las propuestas que se publican en los medios que se están proponiendo en el Pacto de Toledo son las de seguir tomando medidas de impacto limitado.
La ruta para alcanzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones es bien conocida por todos los especialistas en la materia. Por un lado, retrasar de entrada la edad de jubilación a los 68 años que palía en parte la baja tasa de fecundidad de población.
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