Incertidumbre jurídica afecta minería: Javier Reyes de la Campa.
La minería mexicana enfrenta un panorama complejo debido a las barreras burocráticas y legales, pese a representar el 4.7% del Producto Interno Bruto (PIB). En el último año, más de 11 mil millones de dólares en inversiones quedaron detenidas en el sector por falta de autorizaciones y trámites pendientes.
Francisco Javier Reyes de la Campa, CEO de Goldgroup Mining Inc., advirtió que, de mantenerse esta tendencia, el sector caerá en picada en los próximos años e impactará en la economía nacional y en la generación de empleos.
De acuerdo con el empresario minero, la certeza jurídica se ha convertido en uno de los eslabones principales de la minería, porque sin “autorizaciones ni reglamentaciones” las empresas no pueden ni siquiera “mover una piedra”. Por ello, considera fundamental reducir la burocracia en el sector.
Con base en las estimaciones del “Informe Anual 2026” de la Cámara Minera de México (Camimex), el sector tiene capacidad para recibir inversiones por más de 14 mil millones de dólares en distintos proyectos del país, incluso con los proyectos mineros del país, el monto podría ascender a 43 mil millones de dólares.
Sin embargo, la regulación vigente y las últimas legislaciones en el tema han desincentivado a los diferentes inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, advierte Javier Reyes de la Campa.
“Con las reformas a la Ley Minera de 2023, el Servicio Geológico Mexicano (SGM) tiene la función principal y exclusiva de realizar la exploración del territorio nacional para identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales de la nación. Anteriormente, los particulares también podían realizar actividades de exploración”, explicó.
Hasta 2025, el Servicio Geológico Mexicano destinó aproximadamente mil 300 millones de pesos anuales a sus actividades de exploración y empleó a más de mil 100 especialistas en el país. Sin embargo, este monto resulta insuficiente para satisfacer la demanda de esta industria.
Francisco Javier Reyes de la Campa destaca la necesidad de colaboración entre los sectores público y privado para que las inversiones y el interés por la minería en México sigan en ascenso. Pero requiere un marco legal claro que brinde certidumbre a las empresas interesadas por este sector.
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