Google se vio obligada a negociar en un plazo de 3 meses con los editores de prensa y con la agencia AFP el cual es un mecanismo de remuneración por la publicación de sus contenidos, debido a que se ha considerado las reglas fijadas por el buscador constituyen un abuso de posición dominante.
De manera que el gigante tecnológico Google tendrá que llevar a cabo las negociaciones correspondientes, las cuales cubrirán el tiempo pasado desde la entrada en vigor, que fue desde el pasado 24 de octubre, de la ley francesa que transpone la directiva europea sobre los derechos conexos, de abril de 2019, indicó en un comunicado la Autoridad de la Competencia.
Sin embargo, esas conversaciones no afectarán a la indexación ni a la presentación de los contenidos protegidos de la prensa, pero lo que sí tendrá que hacer el gigante Google es presentar informes mensuales en los que dé cuenta de la marcha del proceso, mientras que el organismo de supervisión haga pronunciación sobre el fondo.
De modo que la Autoridad de la Competencia lo que busca es proteger a los editores de prensa y a AFP, que se pelearon contra Google, mientras se busca si se han infringido las reglas de la competencia.
Por el momento el gigante de internet tiene una posición dominante en Francia, con una cuota en las búsquedas generalistas de alrededor del 90 % a finales de 2019 y fuertes barreras para que otros competidores puedan contestar ese dominio.
Asimismo hay una decisión unilateral de no mostrar en las búsquedas de sus usuarios más que extractos de los contenidos de prensa, a excepción de que si los editores le den una autorización gratuita.
De manera más clara significa que se les ha impuesto una remuneración nula y ha tratado a todos por igual sin una justificación objetiva y sin haber examinado las particularidades de cada uno.
Por lo que la Autoridad de la Competencia ha indicado que según las estadísticas de los denunciantes sobre 32 cabeceras de prensa, Google está entre el 26 y el 90 % del tráfico dirigido a sus páginas de internet, y por lo mismo al tener un nivel de dependencia los editores no pueden permitirse el lujo de prescindir de esa aportación por sus dificultades económicas.
Lo que los ha llevado a aceptar unas condiciones que son «todavía más desfavorables para ellos» que las que existían antes de la entrada en vigor la ley de transposición de los derechos conexos.
Se estima que la actitud de Google termine por afectar de manera «grave e inmediata al sector de la prensa».
