Foto de cortesía
La propuesta para elevar el IEPS a bebidas azucaradas —de $1.64 a $3.18 pesos por litro— ha abierto un nuevo frente de discusión sobre el equilibrio entre recaudación, competencia y equidad fiscal en México.
Durante el XXVI Seminario Nacional y XIII Internacional sobre la importancia de la Investigación en la Ciencia Jurídica, la Dra. Elba Jiménez Solares, profesora de posgrado en la FES Acatlán, advirtió que el incremento no solo tendría consecuencias económicas para los consumidores, sino que también podría vulnerar principios constitucionales que rigen el sistema tributario.
Según la especialista, el impuesto, creado en 2014 bajo el argumento de desincentivar el consumo de bebidas azucaradas, no ha cumplido con su objetivo extrafiscal.
En la última década, la prevalencia de diabetes en México aumentó de 9.2% a 18.3%, lo que evidencia que el gravamen no ha reducido los niveles de consumo ni mejorado los indicadores de salud pública.
Aunado a ello, los recursos recaudados no están etiquetados para programas de salud o nutrición, lo que refuerza la percepción de que se trata de un impuesto meramente recaudatorio.
Jiménez Solares subrayó que el aumento también podría distorsionar la estructura competitiva del sector.
Grandes corporaciones con poder financiero, como Coca-Cola, podrían absorber el impacto sin perder participación de mercado, mientras que los pequeños productores y minoristas enfrentarían un riesgo de supervivencia.
De acuerdo con estimaciones de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), más de 60 mil tiendas de barrio podrían cerrar ante la disminución en ventas y el encarecimiento de sus costos operativos.
Desde una perspectiva jurídica, la académica recordó que el incremento contraviene los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, establecidos en el artículo 31, fracción IV de la Constitución, además de vulnerar el artículo 1º, que garantiza el respeto y progresividad de los derechos humanos.
Para Jiménez Solares, la política fiscal sobre bebidas azucaradas requiere una revisión integral, orientada a la eficiencia económica, la justicia social y la coherencia constitucional.
“No se trata de recaudar más, sino de garantizar políticas públicas sostenibles y equitativas”, concluyó.
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