Este miércoles 2 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal activó el protocolo de disuasión en tres puntos de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, donde manifestantes estaban bloqueando el tráfico vehicular.
Ante esta situación, la Policía Estatal se coordinó con varias entidades, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal, para tomar el control de la carretera en el poniente del puerto de Acapulco.
El bloqueo había sido una reacción de la delincuencia organizada a los cateos realizados por la fiscalía y la policía estatal en la zona, donde, extraoficialmente, se informó sobre la detención de un presunto líder transportista.
Este accionar provocó una pronta respuesta de grupos vinculados al crimen organizado, quienes llevaron a cabo bloqueos en distintas vías de comunicación en la región.
Es relevante mencionar que el grupo criminal conocido como «Los Ardillos» ya había intentado aplicar una estrategia similar en el pasado para exigir la liberación de sus miembros.
Además, en meses anteriores, un operativo en la región de Tierra Caliente, donde se confiscaron vehículos de lujo, también desencadenó una rápida respuesta de grupos afines a la delincuencia organizada, quienes realizaron bloqueos de manera similar en varias vías de la zona.
Sin embargo, las autoridades de seguridad, en colaboración con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, bajo el liderazgo de la gobernadora de Guerrero, han dejado claro que la seguridad en el estado es una prioridad y que no retrocederán en la lucha contra la delincuencia.
El gobierno mantiene una postura firme y decidida en la lucha contra el crimen, demostrando su compromiso con el cumplimiento de la ley y la protección de la ciudadanía. Por ello, para garantizar el libre tránsito de la población, las autoridades continúan su presencia en la zona.
A pesar de la provocación a la violencia y los bloqueos promovidos por grupos delictivos el miércoles pasado, las autoridades han demostrado que no permitirán que la delincuencia organizada utilice a la sociedad civil para perturbar la paz en Guerrero.