La crisis ambiental que atraviesa Tulum ha encendido las alarmas entre sus habitantes y organizaciones civiles. Usuarios han señalado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), encabezada por Hugo Garza Sáenz, por una serie de irregularidades que van desde la contaminación del agua potable hasta cobros excesivos y una preocupante falta de infraestructura sanitaria.
En la comunidad de Chemuyil, los vecinos han denunciado que la planta de tratamiento de aguas residuales no está operando de manera adecuada. Esta falla ha provocado filtraciones de aguas negras hacia los mantos freáticos, lo que representa un riesgo directo para la salud pública, ya que de ahí se extrae el agua que abastece a la población. Se han reportado casos de enfermedades gastrointestinales, especialmente entre niños y personas mayores.
Lorena Cruz, residente de la zona, ha documentado los efectos negativos en la salud de su familia. Por su parte, Ariel López Novelo ha denunciado recibos de agua con montos de hasta 4 mil pesos, a pesar de que el servicio es deficiente o incluso inexistente. Esta situación no es aislada: en otras colonias de Tulum se han registrado cobros de hasta 15 mil pesos sin explicación técnica ni solución por parte de CAPA.
El problema se agrava por la falta de drenaje sanitario en al menos seis colonias populares, entre ellas La Veleta, CROC, La Ejidal y Tumben Kah. Más de 28 mil personas viven sin acceso a una red de saneamiento adecuada, dependiendo de fosas sépticas improvisadas que, en muchos casos, están mal diseñadas y contribuyen a la contaminación del subsuelo.
El ingeniero Manuel Aznar Pavón, expresidente del Colegio de Ingenieros de Tulum, ha advertido que el tipo de suelo kárstico de la región facilita la filtración de contaminantes hacia el acuífero. “Todo lo que se vierte en el suelo termina en el agua que bebemos”, explicó. Esta situación pone en riesgo al Gran Acuífero Maya, una de las reservas de agua dulce más importantes de América Latina.
A esto se suma la polémica adjudicación del relleno sanitario a una empresa con vínculos políticos, lo que ha generado sospechas de corrupción y uso indebido de los recursos públicos. Mientras tanto, CAPA continúa recaudando millones de pesos por un servicio que no cumple con los estándares mínimos de calidad.
La ciudadanía exige transparencia, rendición de cuentas y la creación de un Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN) que supervise técnicamente las obras de infraestructura. Sin estas medidas, Tulum corre el riesgo de perder su equilibrio ambiental y su atractivo como destino turístico sostenible.
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