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Durante años, la competitividad de América del Norte se ha medido en términos de costos, logística, productividad y acceso a mercados; ahora, Alejandro Martínez Araiza, secretario general nacional del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), busca incorporar otra variable a esa ecuación: el poder adquisitivo de los trabajadores.
Su propuesta llega mientras México, Estados Unidos y Canadá revisan el T-MEC.
El proceso iniciado en 2026 contempla, entre otros asuntos, fortalecer las cadenas de suministro regionales, revisar reglas de origen y aumentar la producción dentro de América del Norte.
El planteamiento sindical toma como referencia una regla que ya opera en el sector automotriz.
El T-MEC exige que determinados porcentajes del valor de los vehículos correspondan a producción realizada con salarios promedio de al menos 16 dólares por hora para acceder al tratamiento arancelario preferencial.
Para vehículos de pasajeros el requisito de contenido laboral de alto salario es de 40%, mientras que para camionetas y camiones pesados alcanza 45%.
Alejandro Martínez Araiza propone ampliar esa lógica a otras actividades económicas mediante un piso regional de 7.25 dólares por hora y una semana de pago de 56 horas.
El argumento tiene una dimensión empresarial: si las compañías pueden mantener ventajas competitivas principalmente mediante diferencias salariales entre países, existe un incentivo para localizar operaciones donde el costo laboral sea menor.
Un estándar regional modificaría esa variable y trasladaría parte de la competencia hacia productividad, tecnología, capacitación, logística e innovación.
Para el SNAC y su dirigente, además, elevar el ingreso disponible tendría una segunda consecuencia: ampliar la capacidad de consumo de los propios trabajadores que participan en las cadenas productivas norteamericanas.
La discusión coincide con una etapa en la que el componente laboral ha ganado presencia dentro de la aplicación del T-MEC.
En junio de 2026, México y Estados Unidos reportaron que sus equipos habían comenzado conversaciones conceptuales sobre trabajo y medio ambiente dentro del proceso de revisión.
La iniciativa de Alejandro Martínez Araiza no constituye actualmente una obligación del T-MEC, sino una propuesta sindical para la negociación.
Su relevancia radica en la pregunta que coloca sobre la mesa: si el acuerdo pretende fortalecer la producción regional, ¿qué papel debe jugar el ingreso de quienes sostienen esas cadenas?
La respuesta implicaría redefinir qué significa competir dentro de América del Norte: no solamente producir dentro de la región, sino hacerlo bajo condiciones laborales capaces de sostener también el mercado que consume sus bienes y servicios.
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